viernes, 16 de abril de 2010

La relación Prensa-Poder: el antes y el después

 El año 2003 -según César Rojas Ríos y Raúl Peñaranda, en su libro "Prensa & Poder en Bolivia"- fue uno de los peores años para la relación entre periodismo y poder en el país. En su obra, los autores señalan que el gremio de los trabajadores de prensa, en ese entonces, sufrió de una doble presión sobre su trabajo: económica, por un lado, y política, por el otro. Los medios, que enfrentaban con dificultad los efectos de la crisis económica que se vivía desde hace años, optaron por incorporar en sus productos informativos enfoques condescendientes con inversionistas privados y públicos con el objeto de atraer ingresos publicitarios. Ello, según Rojas y Peñaranda, en contra a veces de lo que los periodistas de esos medios pensaban sobre los hechos.

La presión política, a su vez, alcanzó su momento cumbre cuando dos jefes de noticias, uno de un canal de TV y el otro de un diario, fueron despedidos de sus cargos por la coerción del medio en el que trabajaban. Ambos periodistas acusaron a un ministro en ejercicio, el cual dejó su cargo a los pocos meses.

Como consecuencia de este hecho y de otros que agravaron la conflictiva relación entre gobierno y periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, suscribieron conjuntamente un documento en el que condenaban la intención del Gobierno -presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada- de intervenir y controlar los medios de comunicación nacionales. En dicha carta, citada en sus puntos esenciales por Rojas y Peñaranda, se advertía sobre interés del Gobierno en controlar los medios de comunicación "con el afán de traficar el poder y los recursos naturales dejándolos a expensas de las transnacionales" y se denunciaba el cierre de medios y el despido de periodistas contestatarios al regimen, la presencia de infiltrados dentro de la profesión y el manejo arbitrario y vertical de la administración del Estado, al que se quiso "hacer retroceder a los años de la dictadura militar".

El Gobierno de Sánchez de Lozada sucumbió tras las fatídicas jornadas de febrero y octubre, durante las cuales la población boliviana entró en conciencia del mal manejo de los recursos naturales hecho por el régimen y de su carácter autoritario y represivo, y, después de los interinatos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, el 22 de enero de 2006, Evo Morales, líder sindicalista y cocalero de origen indígena que tuvo gran protagonismo durante las crisis de 2003, asumió la presidencia del Estado boliviano, tras haber obtenido un 54% de los votos durante las elecciones de diciembre de 2005. A partir de entonces, Bolivia ingresó en una nueva era política, en la que, no obstante, subsistieron las tensiones socio-políticas.

Cabe preguntarse, ¿qué cambios experimentó la relación periodismo-poder tras la asunción de Evo Morales? ¿Cuál ha sido y es la postura de los gremios periodistas -que denunciaron en su momento los abusos de la administración Sánchez de Lozada- frente al nuevo Gobierno?

Múltiples hechos evidencian que la relación ha continuado siendo áspera y que, más aún, surgieron nuevo tipos de presiones y obstáculos para el trabajo informativo, como la agresión a periodistas por parte de sectores sociales.

En un comunicado suyo de mayo de 2009, la ANP denunció que la libertad de prensa en Bolivia está “amenazada por diversos sectores políticos radicales, pero, especialmente por el Gobierno”, y que esto se debe a las arremetidas de la administración en contra de trabajadores del sector, a las ofensas verbales proferidas por el presidente, a las agresiones físicas por parte de sectores progubernamentales, a las propuestas de poner parapetos jurídicos a la labor informativa (reforma a la Ley de Imprenta), etc.

El presidente Morales ha lanzado ofensas, en repetidas ocasiones, en contra de trabajadores de la prensa, como en diciembre de 2008, cuando dijo que solo el 10% de los periodistas tienen dignidad, y cuando, el mismo mes, llamo la atención a un periodista del periódico La Prensa por la publicación de una nota sobre el tema “33 camiones”, supuestamente falsa; en mayo de 2009, cuando dijo que los periodistas “parecen una granja de pollos”; y en octubre de 2009, cuando increpó a dos periodistas por preguntar sobre el caso de terrorismo en Santa Cruz. Esto, sumado a la discriminación realizada por el presidente en contra de los medios opositores y el privilegio otorgado a los medios estatales, es lo que ha generado la condena y el rechazo a la actitud del gobierno hacia los periodistas por parte de la ANP.

El problema de las agresiones físicas a periodistas, por otro lado, es quizá uno de los más preocupantes en cuanto a libertad de expresión. El informe Las agresiones a los trabajadores de la prensa permanecen impunes, del documento Medios a la vista, señala: “De los 245 registros de agresiones en trece meses (entre 2007 y 2008), sólo el 14% figuran como denunciados a las instancias policiales y judiciales. En el lapso estudiado no se ha conocido ninguna sanción legal para los agresores, únicamente hubo un detenido en Santa Cruz”. Entre los casos de agresión a periodistas citados en el informe se encuentran el de la golpiza a periodistas en la plaza de San Pedro, durante la vigilia a la aprehensión del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, el asesinato del periodista Carlos Quispe, la agresiones a un periodista del canal de televisión estatal TVB en Santa Cruz, la golpiza a trabajadores del diario El Deber en Santa Cruz por partidarios del Gobierno, las agresiones durante la toma de instituciones también en Santa Cruz y el balazo recibido por una periodista del canal PAT en la pierna durante la Masacre de Porvenir. Durante el 2009 se suscitaron más casos, como el de los disparos de parte de un Grupo Delta de la policía periodistas del canal televisivo PAT y el uso de la fuerza por parte de miembros de la unidad táctica UTARC en contra de trabajadores de la red UNITEL. Todos estos hechos llevaron a que organismos internacionales de prensa hicieran llamados de atención al país, además de que provocaron protestas entre periodistas y sus asociaciones.

Las propuestas de reglamentación del trabajo periodístico, del mismo modo, han generado condenas por parte de la ANP. El artículo 108 del proyecto de Constitución creó preocupación entre los periodistas al exhortar a que su trabajo este sometido a principios éticos convertidos en jurídicos, que según la ANP, pueden ser utilizados “irresponsablemente por alguna autoridad para procesar judicialmente a cualquier ciudadano que considere que su opinión es falsa o irresponsable”. El artículo consignaba textualmente: “La información y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". De forma similar, el anuncio del Gobierno de la aprobación de un proyecto de ley para eliminar el secreto de fuente alarmó también a los periodistas, quienes argumentaron que la eliminación de dicho principio vulneraría la libertad de expresión al ir en contra de una de las normas fundamentales en la materia: la Ley de Imprenta.

Todo esto lleva a concluir que la relación periodismo-poder durante la gestión de Evo Morales ha adquirido nuevos matices. Si el Gobierno actual está vulnerando la libertad de expresión con un afán autoritario como el de Sánchez de Lozada o no es un tema abierto al debate. No obstante, es evidente que hay omisiones, atropellos y malentendidos. Es de esperarse que esta problemática se resuelva en el marco del diálogo y en el entendido de que, como afirman Rojas y Peñaranda, medios y partidos políticos "no pueden vivir uno sin el otro".

Fuentes:
Peñaranda, Raúl; Rojas Ríos César; Prensa & Poder en Bolivia, 2004
ONADEM, Fundación UNIR; Medios a la Vista: Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008